• Nina Vélez-Troya

La Pericia Judicial en Seguridad Privada


Artículo escrito por Francisco Javier González Fuentes

Vicepresidente de la Asociación de Directores de Seguridad Privada ADISPO

Vocal del Turno de Peritos Judiciales de ADISPO



Mucho hablamos de las salidas profesionales de los titulados como Directores de Seguridad Privada en sus futuros inmediatos. Como se suele decir, en la actualidad existen más Tarjetas de Identidad Profesional TIP de Directores de Seguridad que departamentos de Seguridad constituidos.

Es un mercado profesional muy competitivo y desde los movimientos asociativos de la profesión buscamos mermar siempre estas vicisitudes. Desde el año 2014 en la Asociación de Directores de Seguridad Privada ADISPO vimos de especial relevancia la figura del profesional denominado Perito Judicial para el sector de Justicia . En el campo de la Seguridad Privada conforme la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y su reglamento RD 2364/94 se relaciona bien definidas las distintas figuras profesionales del sector de la Seguridad Privada.

La pericia judicial en seguridad privada, es la disciplina que desarrollamos en 2014, viendo la necesidad real de la falta de profesionales especializados en el sector a la hora de poder dictaminar sobre una casuística en materia de Seguridad Privada en los ámbitos litigiosos y entre las partes (Siempre excluyendo la Investigación Privada, muy regulada por la Ley de Seguridad Privada con absolutas y exclusivas competencias del Detective Privado). Se dan muchas circunstancias especiales en el sector con distintos perjuicios tanto para las empresas, particulares, profesionales y administración pública en los aspectos licitadores. Por eso vimos de vital importancia, que el Director de Seguridad titulado pudiera desempeñar su profesión en el ámbito meramente judicial, conforme la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) Ley 1/2000 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) RD de 14 de Septiembre de 1882.



Como tal, el Director de Seguridad puede trabajar como Perito Judicial o de Partes en las siguientes vías:

  • La vía Civil

  • La vía socio-laboral

  • La vía Penal

  • Vía contencioso- administrativa.


Cómo funciona el Turno de Peritos judiciales en Seguridad Privada

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece entre los medios de prueba en un procedimiento o litigio el dictamen de Peritos. El informe pericial se convierte en un medio de prueba más, susceptible de ser utilizado por las partes con la finalidad de que, en el marco de un proceso, aporte criterios de convicción judicial en un sentido determinado.


Los directores de seguridad poseen la mayor titulación oficial (Ministerio del Interior autorización ámbito universitario) dentro del ámbito de la seguridad privada; con lo que, tras formar a los especialistas en la materia en los aspectos jurídicos del peritaje, la Asociación de Directores de Seguridad ADISPO configura un listado de socios interesados y preparados para actuar como peritos, a fin de proveer de este servicio a los órganos judiciales, entidades, profesionales y administraciones que los soliciten, en todo aquello relacionado con el sector de la seguridad privada.


Peritaje de oficio (ámbito judicial)

La finalidad del Turno de Peritaciones Judiciales en seguridad privada es la de prestar asesoramiento y dictamen pericial en los procedimientos en los que solicite el juez, de oficio, la parte titular del derecho de asistencia jurídica gratuita o el Ministerio Fiscal. Para ello, la Asociación facilitará a la Administración de Justicia un listado de Profesionales asociados que reúnan los requisitos de cualificación técnica, formación y experiencia práctica que la Asociación determine y la Administración de Justicia requiera para el ejercicio y desempeño de las funciones de Peritajes dentro del ámbito de la Justicia.


Peritaje de parte (ámbito privado)

La finalidad del Perito de parte en seguridad privada, es la de prestar asesoramiento y dictamen pericial en los procedimientos en los que se solicite. Para ello, la Asociación de Directores de Seguridad ADISPO configura un listado de directores de seguridad asociados interesados en actuar como peritos privados, a fin de proveer de este servicio a cualquier entidad o profesional que lo solicite.

La finalidad del Perito de parte en seguridad privada, es la de prestar asesoramiento y dictamen pericial en los procedimientos en los que se solicite.”

Ámbito de actuación del peritaje en el sector de seguridad privada

Los peritos en seguridad privada podrán emitir dictámenes periciales en los juicios de civil, penal, socio- laboral o administrativo, cuando los jueces o tribunales o las partes crean conveniente que un experto elabore un dictamen pericial sobre materias de seguridad privada; pudiendo llegar a tener que intervenir en casos relacionados con: aseguradoras de usuarios de empresas de seguridad, con el servicio prestado por esas mismas empresas, por reclamaciones de sus usuarios de seguridad privada, ante recursos de la administración o, por ejemplo, en penal, para dirimir responsabilidades, llegado el caso, en accidentes, evacuaciones, planes de seguridad, ordenes de puesto,…

Casos prácticos, que hemos tenido a lo largo de toda la trayectoria de creación del Turno como anteriormente se ha relacionado, son muy distintos unos de otros y de aplicación a una u otra vía del ámbito jurídico según la gravedad y perjuicio/intereses de los hechos.

Por ejemplo, en el ámbito de la Jurisdicción Civil. En este caso se regula en los artículos 335 a 350 de la LEC que son los que nos afectan como Peritos, son los litigios entre las partes, donde un demandante por ejemplo, un particular que tiene contratado un servicio de seguridad privada, véase algo habitual y que suele pasar, tiene unos sistemas de seguridad en sus oficinas y sufre un robo en una caja fuerte donde los sistema de seguridad que tiene contratado no ejecutaron su misión de protección y alerta contra sus activos, dando lugar a tan desagradable situación.


El Perito en Seguridad, realiza la inspección técnico- ocular contratado por la parte y se pone a su servicio, pues su informe es un medio de prueba a la hora de que su cliente pueda reclamar civilmente los daños y perjuicios que esa empresa de sistemas de seguridad o proveedor le ha ocasionado.


Por ejemplo, el Perito de Seguridad Privada redacta su informe pericial en consonancia y metodología amparada por la ISO para la elaboración de Informes, Dictámenes y Pruebas Periciales UNE197001 con la siguiente estructura (normalmente siempre se usa la misma en todos los casos) se puede dar otras metodologías de trabajo, pero esta es la mas común:


  • Información Identificativa

  • Información sobre el Perito

  • Información Declarativa

  • Declaración de Abstención

  • Declaración o Juramento de Promesa

  • Declaración de imparcialidad

  • Declaración de Confidencialidad

  • Uso no Autorizado

  • Garantía de Cadena de Custodia

  • Información Descriptiva

  • Antecedentes del Asunto

  • Alcance

  • Consideraciones Preliminares

  • Protocolos de actuación

  • Análisis

  • Dictamen y conclusiones

  • Conclusiones


En la vía penal, el perito Judicial en Seguridad Privada tiene un papel más secundario, pues suele actuar cuando se consuma los delitos a largo plazo y que en ese momento, de oficio, las FCSE han trabajado practicando sus correspondientes diligencias y atestados policiales. Se suelen dar ocasiones en el que el Juez necesita un Perito en este caso, los Art. 456-485, LECrim, vienen a establecer el régimen jurídico del informe pericial como diligencia sumarial en el proceso penal donde el Director de Seguridad como Perito titular podrá desempeñar su función, por ejemplo dictaminando sobre un procedimiento de seguridad fallido, donde existió un robo con fuerza que dio lugar a un homicidio, donde existía un departamento de Seguridad en este caso el perito actúa de manera resolutiva apoyando al tribunal … ¿Que fallo? ¿Por qué ocurrió? … Todo lo que el Juez necesita saber de manera más técnica con los hechos ocurridos y que pudo dar lugar a un fallo de seguridad con tal desenlace.


En esta ocasión nos centramos, en la vía socio-laboral Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Los artículos 90 al 95. En este caso, podemos trabajar ante una reclamación de un profesional perteneciente al colectivo de Seguridad Privada, donde por ejemplo a través de un proceso médico-legal se le reconoce una discapacidad y la empresa de Seguridad, le coloca en un puesto operativo, con la consecuente negativa del trabajador y merma operativa para el servicio. De esta manera, el Director de Seguridad como Perito conoce los procedimientos operativos y puede crear un profesiograma laboral del personal afectado y que este trabajador se apoya para hacer su legitima reclamación por la vía socio-laboral, pues el tribunal no entiende que capacidades puede tener ese personal de seguridad privada a la hora de ocupar un puesto operativo.

Y por último, tenemos la vía contenciosa- administrativa Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Artículos 60 y 78. Son muy comunes los hechos litigiosos sobre licitaciones en concursos públicos, sobre todo en la contratación de empresas de Seguridad o servicios de seguridad privada para la administración pública. Pero también, se pueden dar hechos muy comunes en el ámbito de la seguridad como es el caso por ejemplo de las sanciones por la normativa que regulan los espectáculos públicos, delegada en las competencias autonómicas , a modo de ver algún local o centro de ocio que vulnera, por ejemplo las salidas de emergencias, alumbrados , planes de evacuación , autoprotección normativa de incendios etc.… a veces se da el caso que el cliente que contrata a un Perito de seguridad privada reclama a la administración y recurre las correspondientes sanciones que les impone la Administración pública necesitando de un experto en Seguridad para dictaminar al respecto y presentar su informe como prueba documental.


Conclusiones

Para finalizar, una vez hemos visto a modo de sencillos ejemplos la manera de proceder en cada una de las jurisdicciones, desde la Asociación de Directores de Seguridad ADISPO, nos implicamos plenamente en la formación pericial de rigor a los directores de Seguridad asociados para que puedan desempeñar su labor en el ámbito judicial como Peritos judiciales y de manera privada como Peritos de parte.

La formación del Director de Seguridad, es cimiento indispensable para ser Peritos titulares en consonancia con la normativa del ámbito judicial al servicio de jueces y fiscales. Pues la formación va mas allá de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada en su artículo 6 que regula la capacitación del Director de Seguridad. En la actualidad, existen Grados Universitarios y formación de posgrado para la correspondiente acreditación como Director de Seguridad partiendo de la base que el mínimo son 400 horas y 16 ECTS según normativa de Interior.

El director de Seguridad como personal altamente cualificado con su solida base académica y profesional, solo necesita por parte de su Colegio o Asociación Profesional que tenga constituido un Turno de Peritaje , obtener la formación complementaria en la elaboración de informes periciales y otras disciplinas de apoyo en el conocimiento de las Ciencias Periciales y Forenses.

Con todo ello, no cabe lugar a dudas del largo recorrido en esta otra vertiente profesional al margen del contexto profesional de la Seguridad Privada del Director de Seguridad, como la administración de justicia y algunos informes de la Unidad Central de Seguridad Privada lo avalan y reconocen.


Judicial Expertise in Private Security


Article written by Francisco Javier González Fuentes

Vice President of the Association of Directors of Private Security ADISPO

Vocal of the Turn of Judicial Experts of ADISPO


We talk a lot about the professional opportunities of graduates as Private Security Directors in their immediate future. As is often said, there are currently more TIP Professional Identity Cards for Security Directors than established Security departments.

It is a very competitive professional market and from the associative movements of the profession we always seek to reduce these vicissitudes. Since 2014 in the Association of Directors of Private Security ADISPO we have seen of special relevance the figure of the professional called Judicial Expert for the Justice sector. In the field of Private Security, according to Law 5/2014 on Private Security and its regulation RD 2364/94, the different professional figures in the Private Security sector are well defined.

Judicial expertise in private security is the discipline that we developed in 2014, seeing the real need for the lack of specialized professionals in the sector when it comes to being able to rule on a casuistry in matters of Private Security in the litigious areas and between the parties. (Always excluding Private Investigation, highly regulated by the Private Security Law with absolute and exclusive powers of the Private Detective). There are many special circumstances in the sector with different damages both for companies, individuals, professionals and public administration in bidding aspects. That is why we saw of vital importance, that the qualified Director of Security could carry out his profession in the purely judicial field, in accordance with the Civil Procedure Law (LEC) Law 1/2000 and the Criminal Procedure Law (LECRIM) RD of September 14 from 1882.


As such, the Director of Security can work as a Judicial or Parties Expert in the following ways:

The Civil route

The socio-labor path

The criminal route

Contentious-administrative route.


How the Turn of Judicial Experts in Private Security works


The Civil Procedure Law establishes the opinion of Experts among the means of proof in a procedure or litigation. The expert report becomes one more means of evidence, capable of being used by the parties in order that, within the framework of a process, it provides criteria of judicial conviction in a specific sense.

The security directors have the highest official qualification (Ministry of the Interior, university authorization) within the field of private security; With which, after training the specialists in the matter in the legal aspects of the expert opinion, the Association of Security Directors ADISPO configures a list of interested partners and prepared to act as experts, in order to provide this service to the judicial bodies , entities, professionals and administrations that request them, in everything related to the private security sector.


Ex officio expert opinion (judicial field)


The purpose of the Turn of Judicial Experts in private security is to provide advice and expert opinion in the procedures in which the judge, ex officio, the party who owns the right to free legal assistance or the Public Prosecutor's Office requests. For this, the Association will provide the Administration of Justice with a list of associated Professionals who meet the requirements of technical qualification, training and practical experience that the Association determines and the Administration of Justice requires for the exercise and performance of the functions of Experts within the field of Justice.


Expert opinion of the party (private sphere)


The purpose of the Expert in private security is to provide advice and expert opinion in the procedures in which it is requested. For this, the ADISPO Security Directors Association sets up a list of associated security directors interested in acting as private experts, in order to provide this service to any entity or professional that requests it.


Scope of the expertise in the private security sector


Experts in private security may issue expert opinions in civil, criminal, socio-labor or administrative trials, when the judges or courts or the parties deem it convenient for an expert to prepare an expert opinion on matters of private security; being able to intervene in cases related to: insurance companies of users of security companies, with the service provided by those same companies, for claims of their users of private security, before resources of the administration or, for example, in criminal, to settle responsibilities, if necessary, in accidents, evacuations, safety plans, post orders, ...

Practical cases, which we have had throughout the trajectory of the creation of the Shift as previously mentioned, are very different from each other and apply to one or another way of the legal field according to the seriousness and damage / interests of the facts .

For example, in the field of Civil Jurisdiction. In this case, it is regulated in articles 335 to 350 of the LEC, which are those that affect us as Experts, they are the disputes between the parties, where a plaintiff, for example, an individual who has hired a private security service, see something common And that usually happens, it has security systems in its offices and suffers a theft in a safe where the security system that it has hired did not execute its mission of protection and alert against its assets, giving rise to such an unpleasant situation.



The Security Expert, performs the technical-ocular inspection hired by the party and places himself at your service, since his report is a means of proof when his client can claim civilly the damages that that company of security systems security or supplier has caused you.

For example, the Private Security Expert writes his expert report in accordance with the methodology supported by the ISO for the preparation of Reports, Opinions and Expert Tests UNE197001 with the following structure (normally the same is always used in all cases) can be given other work methodologies, but this is the most common:


  • Identifying information

  • Information about the Expert

  • Declarative Information

  • Statement of Abstention

  • Declaration or Oath of Promise

  • Statement of impartiality

  • Confidentiality Statement

  • Unauthorized use

  • Chain of Custody Guarantee

  • Descriptive information

  • Case Background

  • Scope

  • Preliminary Considerations

  • Action protocols

  • Analysis

  • Opinion and conclusions

  • Conclusions

In criminal proceedings, the Judicial Expert in Private Security has a more secondary role, since they usually act when long-term crimes are consummated and that at that time, ex officio, the FCSE have worked practicing their corresponding procedures and police reports. There are usually occasions when the Judge needs an Expert in this case, Art. 456-485, LECrim, come to establish the legal regime of the expert report as a summary diligence in the criminal process where the Director of Security as the titular Expert may perform their function, for example ruling on a failed security procedure, where there was a robbery that led to a homicide, where there was a Security department in this case the expert acts decisively supporting the court ... What ruling? Why did it happen? … Everything the judge needs to know in a more technical way with the events that occurred and that could lead to a security breach with such an outcome.


On this occasion we focus, on the socio-labor path Law 36/2011, of October 10, regulating the social jurisdiction. Articles 90 to 95. In this case, we can work with a claim from a professional belonging to the Private Security collective, where, for example, through a medico-legal process, a disability is recognized and the Security company places him in an operational position, with the consequent refusal of the worker and operational reduction for the service. In this way, the Director of Security as an Expert knows the operating procedures and can create a labor profesiogram of the affected personnel and that this worker relies on making his legitimate claim through the socio-labor route, since the court does not understand what capacities he may have that private security personnel when occupying an operational position.


And finally, we have the contentious-administrative route Law 29/1998, of July 13, regulating the Contentious-administrative Jurisdiction. Articles 60 and 78. Litigious facts about tenders in public tenders are very common, especially in the hiring of security companies or private security services for the public administration. But also, very common events can occur in the field of security, as is the case, for example, of sanctions by the regulations that regulate public shows, delegated to regional powers, as a way of seeing a local or leisure center that It violates, for example, emergency exits, lighting, evacuation plans, regulatory self-protection of fires, etc. ... sometimes it is the case that the client who hires a private security expert complains to the administration and appeals the corresponding sanctions that Imposes the public Administration needing an expert in Security to rule on the matter and present its report as documentary evidence.


Conclusions


Finally, once we have seen by way of simple examples how to proceed in each of the jurisdictions, from the Association of Security Directors ADISPO, we are fully involved in the rigorous expert training of the associated Security Directors so that they can carry out their work in the judicial field as legal experts and privately as party experts.

The training of the Director of Security is an essential foundation to be titular Experts in accordance with the regulations of the judicial field at the service of judges and prosecutors. Well, the training goes beyond Order INT / 318/2011, of February 1, on private security personnel in article 6 that regulates the training of the Director of Security. Currently, there are University Degrees and postgraduate training for the corresponding accreditation as Director of Security on the basis that the minimum is 400 hours and 16 ECTS according to Interior regulations.

The Director of Security as highly qualified personnel with their solid academic and professional base, only needs on the part of their College or Professional Association that has constituted an Expert Shift, obtain complementary training in the preparation of expert reports and other support disciplines in the knowledge of Forensic and Expert Sciences.

With all this, there is no doubt about the long journey in this other professional aspect outside the professional context of the Private Security of the Security Director, such as the administration of justice and some reports from the Central Private Security Unit endorse and recognize it.