Hoy hemos elegido este artículo que publicó David A. Sanmartín en su blog, el 24 de marzo de 2022, porque es una buena demostración del conocido dicho "lo barato sale caro".
Efectivamente hay mucha gente que no valora la labor que realiza un detective privado y que, cuando se le da el presupuesto de un servicio, prefiere elegir otras alternativas no tan profesionales y, al final, acaban pagando su error.
"Investigar es algo más que tirar la caña para ver si alguien pica. Esto, que es de Perogrullo, no parece que esté claro últimamente por algunos solicitantes de investigaciones, ni por sus abogados, ni -tampoco- por algunos despachos de Investigación Privada. Este artículo no quiere levantar ampollas ni ser crítico con nadie, sino con los hechos expuestos en sentencias, en la forma en que están expuestos. Vaya también por delante que éstas no siempre hacen justicia a todo el trabajo realizado por los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, lo que podría haber ocurrido en alguno o todos los casos que se citarán.
El 4 de febrero de 2022 el TSJ de Castilla la Mancha dictaba su sentencia 224/2022 (ECLI:ES:TSJCLM:2022:278) en la cual declaraba improcedente el despido de una trabajadora de baja, a la cual se imputaba realizar actividades profesionales durante la baja. Una revista jurídica publicó un artículo con el llamativo (y erróneo, dicho sea de paso) título“Es improcedente el despido de la empleada que atendía consultas privadas durante su baja médica”. El caso es que no se acreditó dicho ejercicio profesional (la propia trabajadora canceló las 2 citas concertadas). Pero es que, además y con carácter previo, la actuación del despacho de investigación se limitó (por lo que consta en la sentencia) a llamar por teléfono a la trabajadora pretendiendo ser un interesado en sus servicios, preguntarle las condiciones y concertar una cita. Ya hemos dicho que, en muchas ocasiones, el trabajo realizado es muy superior a lo consignado en sentencia. Pero, si la cosa fue como se dice, es evidente que no existió una actividad investigativa previa que justificase el contacto con la investigada sin correr el riesgo de ser tachado como inducción.
Con anterioridad, el 25 junio de 2021 el TSJ Cantabria recogía una situación similar en su sentencia 482/2021 (ECLI:ES:TSJCANT:2021:386). Un despacho de investigación privada (y su cliente y el abogado de este) consideró suficientemente acreditado que una trabajadora desviaba clientes a un negocio competidor después de llamar por teléfono a la consulta del cliente y, simulando ser la hija de una paciente de un odontólogo que ahora tenía su propia consulta, preguntó de forma insistente por este hasta que la trabajadora le dio los datos de contacto. La sentencia también fue objeto de artículo por una revista jurídica, nuevamente -en opinión de quien ahora escribe- con un título llamativo pero manifiestamente inexacto.
Y como no hay dos sin tres, el 13 de mayo de 2021, la Audiencia Provincial de Murcia consideró en su sentencia 528/2021 (ECLI:ES:APMU:2021:1367) inefectivo un informe de Investigación Privada que pretendía acreditar la realización de fotocopias de libros por una copistería. El Detective, después de ver denegada su petición de fotocopiar un libro, acudió con un pen-drive con un libro escaneado, para que se lo imprimieran. Ya no se trata del truco del pen-drive: no hubo ni investigaciones previas, ni observaciones de la copistería, ni averiguaciones… sólo y directamente la actuación bajo pretexto (por lo menos así consta en la sentencia).
Hay más casos, lamentablemente.
Habitualmente es difícil saber por qué a veces las cosas se hacen como se hacen. En ocasiones, pero, hay pistas. Y la sentencia de la AP Murcia da una: la factura del servicio de Investigación ascendió a 407,57 EUR (IVA incluido, entendemos). Me temo que algo parecido sucedió en los casos anteriores. ¿De verdad se puede planificar y ejecutar una investigación en materia de infracción de derechos de autor, de deslealtad laboral o de transgresión de la buena fe contractual, sin disponer de recursos suficientes para ejecutar todas las actuaciones que se requieren para garantizar la suficiencia de la información y las pruebas necesarias para acreditar los hechos? ¿De verdad que ninguno de los clientes ni sus abogados objetaron la planificación previa, el presupuesto o el resultado? ¿De verdad? O es que fue sencillamente el resultado del trabajo de todos.
¿Cómo evitar estos problemas? Una pista: lo de “Bueno, bonito y barato” es un eslogan fantástico, para mercadillos. Para obtener y aportar información y pruebas sobre hechos y conductas, no."
David A. Sanmartín, socio director de Grupo HAS - Detectives, es Detective Privado y Abogado, consultor de Seguridad Privada y profesor de Investigación Privada en la Universidad de Salamanca y en el curso avanzado de investigación del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya. Escribe sobre Investigación Privada, inteligencia, soporte en litigios y compliance. Es representante en España de la World Association of Detectives.
If you think that doing things right is expensive, try the alternative
Today we have chosen this article published by David A. Sanmartín in his blog, on March 24, 2022, because it is a good demonstration of the well-known saying "cheap is expensive".
Indeed, there are many people who do not value the work done by a private detective and who, when given a quote for a service, prefer to choose other alternatives that are not so professional and, in the end, end up paying for their mistake.
"Investigating is more than just throwing a rod to see if someone bites. This, which is a truism, does not seem to be clear lately by some applicants for investigations, nor by their lawyers, nor -either- by some Private Investigation firms. This article is not intended to raise blisters or to be critical of anyone, but rather of the facts set out in sentences, in the form in which they are set out. It also goes without saying that these judgments do not always do justice to all the work done by the professionals who collaborate with the Administration of Justice, which could have happened in some or all of the cases that will be cited.
On February 4, 2022, the Supreme Court of Castilla la Mancha handed down its judgment 224/2022 (ECLI:ES:TSJCLM:2022:278) in which it declared the dismissal of a worker on leave, who was accused of carrying out professional activities during her leave, to be unjustified. A legal magazine published an article with the striking (and erroneous, by the way) title "The dismissal of the employee who attended private consultations during her medical leave is unjustified". The fact is that this professional practice was not accredited (the employee herself cancelled the 2 appointments she had made). But it is that, in addition and previously, the actions of the research office were limited (as stated in the sentence) to telephone the worker pretending to be interested in her services, ask her about the conditions and make an appointment. We have already said that, on many occasions, the work carried out is much higher than what is stated in the sentence. But, if the thing was as it is said, it is evident that there was no previous investigative activity to justify the contact with the investigated without running the risk of being labeled as inducement.
Previously, on June 25, 2021, the TSJ Cantabria included a similar situation in its judgment 482/2021 (ECLI:ES:TSJCANT:2021:386). A private investigation firm (and its client and the client's lawyer) considered it sufficiently proven that a worker diverted clients to a competing business after telephoning the client's office and, pretending to be the daughter of a patient of a dentist who now had his own office, insistently asked for the client until the worker gave her contact details. The judgment was also the subject of an article in a legal journal, again - in the opinion of the present writer - with a striking but manifestly inaccurate title.
And as there are no two without three, on May 13, 2021, the Provincial Court of Murcia considered in its judgment 528/2021 (ECLI:ES:APMU:2021:1367) ineffective a Private Investigation report that sought to accredit the making of photocopies of books by a copy shop. The Detective, after seeing his request to photocopy a book denied, came with a pen-drive with a scanned book, to have it printed. It is no longer about the pen-drive trick: there were no previous investigations, no observations from the copy shop, no inquiries... only and directly the action under pretext (at least that is what is stated in the sentence).
There are more cases, unfortunately.
It is usually difficult to know why things are sometimes done the way they are done. Sometimes, however, there are clues. And the sentence of the AP Murcia gives one: the invoice for the Investigation service amounted to 407.57 EUR (VAT included, we understand). I am afraid that something similar happened in the previous cases. Is it really possible to plan and execute an investigation into copyright infringement, unfair labor practices or breach of contractual good faith, without having sufficient resources to execute all the actions required to ensure the sufficiency of the information and evidence necessary to prove the facts? Did none of the clients or their lawyers object to the prior planning, the budget or the result? Did they really? Or was it simply the result of everyone's work?
How do you avoid these problems? Here's a hint: "Good, nice and cheap" is a great slogan for flea markets. For obtaining and providing information and evidence about facts and conduct, no."
David A. Sanmartín, socio director de Grupo HAS - Detectives, es Detective Privado y Abogado, consultor de Seguridad Privada y profesor de Investigación Privada en la Universidad de Salamanca y en el curso avanzado de investigación del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya. Escribe sobre Investigación Privada, inteligencia, soporte en litigios y compliance. Es representante en España de la World Association of Detectives.