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  • Foto del escritorNina Vélez-Troya

Grabaciones subrepticias por detectives privados: Nueva sentencia

Este interesante artículo fue publicado por David Sanmartín el 4 de enero de 2023



El 18/11/2022 el TSJ de Cantabria dictó su sentencia 1174/2022 (ECLI:ES:TSJCANT:2022:1174) en la cual, entre otras cuestiones, analiza la prueba de detectives, la grabación clandestina de entrevistas con la persona investigada y la aparición de terceras personas no investigadas en dichas imágenes y en el informe.


Nada nuevo bajo el sol, pero la sentencia es muy interesante por el análisis que hace, en el que coordina la respuesta desde distintas materias: protección de datos, intimidad, interés legítimo y el mismo concepto de videovigilancia.


Por partes, como siempre.


Para lo que aquí interesa, el caso de fondo consiste en un empresario (arquitecto) que alega su jubilación como causa extintiva de un contrato de trabajo. El trabajador (arquitecto también), sospechando fraude en la situación formal de jubilación, solicita los servicios de una empresa de investigación privada. De entrada y en contra de lo que habitualmente se piensa: sí, los detectives privados también colaboramos con trabajadores en la obtención de información y pruebas destinadas a procesos judiciales.


Una de las pruebas aportadas por el despacho de investigación privada fue la grabación realizada por el Detective de una entrevista que mantuvo con el empresario “jubilado”, en la cual se acreditaba que seguía prestando servicios como arquitecto. La sentencia de instancia declaró la improcedencia del despido y la condenó al empresario y 2 a sociedades relacionadas.


La impugnación de la sentencia se centró en la aportación y admisión como prueba del informe de Investigación Privada y grabación adjunta al mismo. Nada nuevo. En esta ocasión, con los siguientes argumentos:


La grabación se realizó en el domicilio del empleador.

Incluye datos personales de terceros ajenos al procedimiento.

Se ha manipulado los archivos de audio y video.

En su primera aproximación al motivo el Tribunal cita la normativa aplicable, incluyendo la regulación legal de la Investigación Privada: En cuanto a la figura de los detectives privados, la acción de vigilancia y seguridad está regulada en la Ley5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, si bien es cierto que la prueba de detectives no se encuentra explícitamente regulada en nuestras leyes procesales.


Bien señalado, aunque discrepamos de la parte final: La prueba de detectives está recogida y regulada en los arts. 165.1.5 y 380 LEC.


Igualmente bien señalado, la sentencia distingue entre la videovigilancia empresarial y la grabación oculta de con fines probatorios: “no se está cuestionando una medida de vigilancia empresarial sino el derecho de un trabajador a obtener una prueba que demuestre la ilicitud de una medida empresarial de cese.”


En todo caso y respecto de la prueba de detectives, con un cierto deja vu de la STS de 6 de noviembre de 1990. el Tribunal señala:


La prueba de detectives es una herramienta especialmente valiosa para acreditar ciertos datos, especialmente ocultos.


Sigue una cuidada cita de la jurisprudencia constitucional, del TS y del TEDH en la materia. En este punto y con mención a la sentencia en el asunto De la Flor Cabrera (sentencia de 27/05/2014) que considera que “puede responder a una finalidad legítima la captación de imágenes de otra persona, cuando tiene como objeto ser aportada como prueba en juicio, al conectarse con el derecho a la tutela judicial efectiva”.


Tras lo anterior, el TSJ desestima el motivo, con los siguientes argumentos:


De este modo, a la vista de los datos fácticos que obran, no es posible concluir que la prueba de detectives, o el video y las fotografías que la sustentan sea ilícita. Nada impide acreditar la no jubilación del empresario por cualquiera de los medios de prueba aceptados en derecho. Existe un interés legítimo para la investigación y no existen otros medios menos invasivos para la obtención de una información, que es difícil de obtener por un trabajador a través de otros medios probatorios, por lo que consta acreditada la necesidad.


Además de lo anterior, la prueba videográfica no ha sido manipulada, simplemente se ha efectuado un resumen de una extensa grabación, cuyo contenido íntegro está aportado a las actuaciones (USB) y el informe y la grabación ha sido ratificado personalmente por el detective que efectuó el seguimiento, acompañando las numerosas fotografías realizadas.


Por otro lado, el hecho de que la investigación del detective alcanzase a otra arquitecta, esto es, la Sra. Ángeles , trabajadora del estudio de arquitectura, en modo alguno supuso la vulneración de su derecho a la intimidad, insistimos, por existir un interés legítimo para acreditar la ausencia de jubilación y la continuidad y forma de la actividad.


En definitiva, tolo lo anterior conduce a estimar la licitud de la prueba y rechazar la nulidad de actuaciones pedida, por no haberse ocasionado indefensión alguna.


DAVID A. SANMARTIN


David A. Sanmartín, socio director de Grupo HAS - Detectives, es Detective Privado y Abogado, consultor de Seguridad Privada y profesor de Investigación Privada en la Universidad de Salamanca y en el curso avanzado de investigación del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya. Escribe sobre Investigación Privada, inteligencia, soporte en litigios y compliance. Es representante en España de la World Association of Detectives.



Surreptitious recordings by private detectives: New judgment


This interesting article was published by David Sanmartín on January 4, 2023.



On 18/11/2022 the TSJ of Cantabria issued its judgment 1174/2022 (ECLI:ES:TSJCANT:2022:1174) in which, among other issues, analyzes the evidence of detectives, the clandestine recording of interviews with the person under investigation and the appearance of third parties not investigated in these images and in the report.


Nothing new under the sun, but the judgment is very interesting for the analysis it makes, in which it coordinates the response from different subjects: data protection, privacy, legitimate interest and the very concept of video surveillance.


In parts, as always.


As far as we are concerned here, the basic case consists of an employer (architect) who alleges his retirement as a cause for termination of an employment contract. The employee (also an architect), suspecting fraud in the formal retirement situation, requests the services of a private investigation company. From the outset and contrary to what is usually thought: yes, private detectives also collaborate with workers in obtaining information and evidence for legal proceedings.


One of the pieces of evidence provided by the private investigation firm was the recording made by the Detective of an interview he had with the "retired" businessman, in which it was proved that he was still providing services as an architect. The lower court ruling declared the dismissal unjustified and sentenced the employer and 2 related companies.


The challenge to the judgment focused on the submission and admission as evidence of the Private Investigation report and the recording attached thereto. Nothing new. On this occasion, with the following arguments:


The recording was made at the employer's domicile.

It includes personal data of third parties not involved in the proceedings.

The audio and video files have been manipulated.

In its first approach to the motive, the Court cites the applicable regulations, including the legal regulation of Private Investigation: Regarding the figure of private detectives, the action of surveillance and security is regulated in Law5/2014, of April 4, on Private Security, although it is true that the evidence of detectives is not explicitly regulated in our procedural laws.


Well pointed out, although we disagree with the final part: detective evidence is collected and regulated in arts. 165.1.5 and 380 LEC.


Equally well pointed out, the sentence distinguishes between corporate video surveillance and hidden recording for evidentiary purposes: "a corporate surveillance measure is not being questioned, but the right of a worker to obtain evidence that proves the unlawfulness of a corporate termination measure".


In any case and with respect to the detective test, with a certain deja vu of the STS of November 6, 1990. the Court points out:


The detective test is a particularly valuable tool to accredit certain data, especially hidden.


There follows a careful citation of the constitutional, SC and ECtHR case law on the matter. At this point and with mention to the judgment in the De la Flor Cabrera case (judgment of 27/05/2014) which considers that "it can respond to a legitimate purpose the capture of images of another person, when it is intended to be provided as evidence in trial, when connected with the right to effective judicial protection".


Following the above, the SCJ dismissed the plea, with the following arguments:


Thus, in view of the factual data on record, it is not possible to conclude that the detective evidence, or the video and photographs that support it, is unlawful. There is nothing to prevent proving the non-retirement of the employer by any of the means of proof accepted in law. There is a legitimate interest for the investigation and there are no other less invasive means to obtain information, which is difficult to obtain by an employee through other evidentiary means, so the need is proven.


In addition to the above, the video evidence has not been manipulated, simply a summary of an extensive recording has been made, whose full content is provided to the proceedings (USB) and the report and the recording has been personally ratified by the detective who carried out the monitoring, accompanying the numerous photographs taken.


On the other hand, the fact that the detective's investigation reached another architect, that is, Ms. Ángeles, an employee of the architectural firm, in no way entailed the violation of her right to privacy, we insist, since there was a legitimate interest in proving the absence of retirement and the continuity and form of the activity.


In short, all of the above leads us to consider the lawfulness of the evidence and to reject the requested nullity of the proceedings, since no defenselessness has been caused.


DAVID A. SANMARTIN

David A. Sanmartín, managing partner of Grupo HAS - Detectives, is a Private Detective and Lawyer, Private Security consultant and professor of Private Investigation at the University of Salamanca and in the advanced investigation course of the Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya. He writes about Private Investigation, intelligence, litigation support and compliance. He is the Spanish representative of the World Association of Detectives.







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